Es legítimo que una comunidad pueda decidir sobre su futuro, incluyendo disyuntivas sobre desarrollo económico y protección medioambiental. Es muy fácil ser ecologista o desarrollista desde la comodidad del hogar (en particular, desde Santiago), cuando las decisiones no impactan el empleo familiar o de los vecinos, ni la calidad del aire que respiramos o del agua que bebemos.
Por lo mismo, la intervención del gobierno central para forzar a localidades a, en contra de su voluntad, perder parte de su patrimonio natural para así instalar centros productivos que puedan ser beneficiosos para el país debiera ser tan rechazable como la intervención de ecologistas foráneos que impongan la protección medioambiental cuando la comunidad desea mayor desarrollo local.
Ya sea cuando el interés general de un país es proteger ciertos recursos naturales, como poder contar con ciertas instalaciones que son necesarias para la nación en general, se le debieran entregar a las comunidades locales incentivos suficientes como para que éstas apoyen el interés general. Por ejemplo, incentivar el desarrollo turístico de manera que el cuidado del patrimonio natural sea demasiado valioso para la comunidad local como para perderlo.
Ahora, para poder funcionar de esa manera, el país requiere ciertos lineamientos generales en torno al camino que seguiremos en la dicotomía desarrollo - conservación, para lo que urge una discusión a nivel país que logre ciertos consensos, tal como se ha llevado a cabo en temas de previsión, infancia, educación, etc. En particular esta discusión es urgente cuando hablamos de la proyección energética de Chile, cuando estamos en la disyuntiva de construir las centrales de Aysén, además de estar cerca de tomar decisiones sobre entrar o no al mundo de la energía nuclear. Todas las alternativas (incluso las consideradas “limpias” o “renovables”) tienen consecuencias ambientales. Como país debiéramos encontrar un camino en lugar de seguir discutiendo caso a caso.
Ahora, en la central termoeléctrica de Punta de Choros, no se trató de una comunidad que quiso la planta y estuvo dispuesta a perder su patrimonio natural. De los 19 miembros que votaron la resolución de la COREMA, 15 fueron nombrados centralmente por el Presidente de la República, y 4 son Consejeros Regionales, nombrados por los concejales locales. Los 15 primeros votaron a favor de la planta y los 4 consejeros votaron en contra. Eso es inaceptable.
Es el resultado de la imposición central de un proyecto productivo, que habla de insuficientes incentivos económicos a la comunidad local además de una percepción de daño medioambiental que sería mayor al aceptado por los habitantes de la zona.
El principal problema, entonces, es sobre la inadecuada institucionalidad. Mientras el peso de la comunidad local en sus decisiones de desarrollo productivo no vaya mucho más allá que unos pocos votos simbólicos, la descentralización nacional no será más que un mal chiste, y las decisiones estarán en manos de unos pocos.
Pero más allá, es vergonzoso que lo único que deba hacer una empresa productiva para instalar una planta contaminante en cualquier parte del país, sea convencer al presidente. Simplemente bananero.
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César Andrés Miranda Reyes
26-08-2010Leonardo Javier Barrientos Persico
27-08-2010César Andrés Miranda Reyes
27-08-2010Patricio Marcial López Cerda
27-08-2010Así como hoy nadie se opone a asumir un costo extra en sus instalaciones para agregar rampas para los discapacitados, debiesemos tener un acuerdo del tipo descartado cualquier proyecto de mediano impacto a menos de 50 km. de alguna reserva natural rica.
Por otro lado, la energía nuclear no me queda claro que sea solución a largo plazo, pues no estña claro si las sustancias nucleares como el uranio o plutonio son muy abundantes o no
José Gregorio Argomedo
01-09-2010Por una parte, es real la necesidad del país por contar con energías a un precio razonable para sustentar el crecimiento económico. Pero también esto no puede ser a costa de la LIBERTAD que tienen los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de contaminación.
A priori no creo que ninguna energía puede ser descartada, un movimiento no puede definirse verde o no verde porque sí. Se requiere evaluar las distintas opciones, el costo de estas, el tiempo de generación, externalidades, entre otras...
Por ejemplo el gran problema de las energías renovables no convencionales es que no trabajan el 100% del tiempo, las eólicas solamente generan electricidad en un 30% del tiempo ¿que hacemos el resto del día?, La nuclear es compleja para nosotros ya que somos un país chico, se estima que una planta mediada generaría un 30 a 40% de la energía requerida en el país ¿que pasa si falla y tiene que parar?, no podemos depender en un % tan alto de este tipo de energías.
En fin, cada energía tiene sus pros y contras, pero lo que no se puede hacer es no hacer nada por ideología.
Si a los proyectos bien desarrollados y bien fiscalizados... No a los organismos débiles y a un gobierno (actual y anteriores) que no definen claramente una política energética sustentable en el corto, mediano y largo plazo.
No más improvisación, cómo la de el GAS Argentino. Necesitamos una matriz mixta, dinámica y eficiente.
