Necesitamos regiones más libres

César Andrés Miranda Reyes
13-04-2011

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Proveer una solución al problema del fuerte centralismo chileno es una de las grandes deudas no saldadas por la clase política nacional. Es un tema con promesas que ocupan un sitial preferente en el discurso político durante las campañas electorales, al punto de llegar a ser uno de los elementos comunes que se pueden encontrar en las propuestas que presentan los dos grandes antagonistas políticos del país, me refiero obviamente a la Coalición por el Cambio y la Concertación. Tal es el énfasis que ponen en los compromisos de un Chile más descentralizado que los ciudadanos tenemos pleno derecho a cobrarlas con el mismo ímpetu con el que alguna vez que fueron ofrecidos. 

Sin embargo, a pesar de ser importantes promesas inconclusas, parece ser que una vez terminadas las elecciones el tema pasa a ser secundario, al menos no de la relevancia suficiente para ocupar un sitial preferente en la agenda del gobierno y de la oposición. ¿Cuál será el motivo de tal despreocupación? Mala memoria quizás, desinterés efectivo o simplemente intereses contrarios, quién sabe. Sea cual sea la razón el actual sistema no resistirá mucho sin provocar una molestia generalizada a nivel país en materia de centralismo.

Piense, por ejemplo, en la absurda situación en la que se encuentran los Intendentes y los Gobernadores en Chile, éstos, que deben determinar la brújula que se ha de seguir en distintos ámbitos a nivel regional y provincial, son funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente, lo que hace que su autonomía sea casi nula. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que el Presidente pierda la confianza en ellos no les quedará otra que cesar en sus cargos, sea por destitución o simplemente porque se les pide la renuncia. Siendo así esta situación ¿podrán tomar una decisión libre al momento de definir una situación que puede afectar a Santiago o a la imagen del Presidente? Difícilmente.

Pero el dilema no termina allí. El actual conjunto de los clásicos partidos políticos de gobierno y oposición se encuentra sumido en directivas formadas por cúpulas cuyo principal eje de funcionamiento es Santiago. ¿Cuál es el problema de esto? Que la lejanía de estos órganos directivos con las regiones provoca que en las decisiones que son relevantes para ellas termine privilegiándose la estrategia política más que la voluntad o la necesidad regional o local. El caso de Mathei y Allamand es un buen ejemplo. Parlamentarios que presentaron proyectos de carácter "liberal" en representación de sus regiones terminaron siendo reemplazados por Uriarte y Larraín, senadores que ya han anunciado su oposición a ideas como el aborto terapéutico o el acuerdo de vida en común, precisamente proyectos emblemáticos de los senadores a los que reemplazaban. ¿Y su región pudo decir algo al respecto en el reemplazo? Nada.

Situación similar sucede con el reemplazo de Jacqueline van Rysselberghe en la región del Bío Bío, decisión en la que parecer importar más la militancia política de su sucesor que si puede hacer un buen trabajo en el difícil proceso de reconstrucción. El caso de La Florida, comuna que si bien pertenece a la región Metropolitana, es un excelente botón de muestra de que el muñequeo político suele pesar más que los intereses de las comunas mismas.

Por último, el mecanismo de las decisiones al interior de las regiones no se queda atrás. El actual diseño favorece que buena parte de los recursos con los que cuentan las regiones se concentren en la provincia que es sede de la capital regional, privilegiando particularmente a esta última ciudad. Esto va generando un círculo vicioso pues permite el auge de las capitales regionales en muchísima mayor medida que el resto de las ciudades al interior de la región, cuestión que termina haciéndola mucho más atractiva para proyectos de inversión lo que contribuye todavía más a su crecimiento.

En base a lo anterior es que se hace necesaria una profunda revisión del actual diseño del sistema político y estatal de nuestro país. Debemos cambiar el enfoque a uno mucho más libre, liberal si así lo quiere, que haga que el sistema de nuestro país sea más competitivo. Esto implica, en un estándar básico, hacer menos gravosos los requisitos de conformación y vigencia de los partidos políticos junto con reformar el sistema binominal, sistema que no hace sino dificultar el surgimiento de posturas que se sustenten en una propuesta descentralizadora efectiva en esta materia.

Pero además de esto último, un enfoque liberal nos lleva a regiones más libres al momento de determinar el destino de ellas y de sus habitantes. Que las autoridades regionales y provinciales sean elegidas por la voluntad popular es una excelente medida para evitar su escasa autonomía respecto al poder central. De la misma forma elecciones complementarias en el supuesto en que parlamentarios, alcaldes y concejales deban ser reemplazados permite anteponer el interés local por sobre el de los partidos políticos.

Y por último, es indispensable que al interior de las regiones se evite la concentración en la capital regional, pues de lo contrario reemplazamos un centralismo por otro. De esta forma se logra que la igualdad de oportunidades al interior de la región sea efectiva, y para ello es fundamental que el mecanismo de distribución de recursos permita el crecimiento de todas las ciudades y pueblos al interior de la región y no sólo de algunos.