
Las presunciones a favor de la libertad de expresión son fuertes. Ya sea porque reflejan la autonomía individual o porque generan progreso social, pocos discuten su valor en sociedades pluralistas, democráticas y ciertamente liberales. Aun así los mismos liberales consideran que ningún despliegue de libertad es absoluto cuando daña terceras personas. Este ha sido el principio invocado por quienes instaron a la prohibición del polémico homenaje a Pinochet. Daño a los familiares de víctimas de violaciones a los DDHH, daño a la memoria histórica nacional, daño a los valores básicos de la convivencia. Estos tres tipos de perjuicio deben ser sopesados contra la presunción general a favor de la libertad de expresión. Mi convicción es que en este caso particular no son suficientes para amparar la tesis prohibicionista.
Lo primero que deberíamos observar es el tenor de la convocatoria. Sabemos que la idea era exhibir un documental que resaltaba los aspectos positivos del régimen de Pinochet. Es decir, adoptaba la perspectiva del vaso medio lleno. Los organizadores –hasta donde entiendo- no llamaban a celebrar el terrorismo de Estado. Puedo pecar de ingenuo, pero la “cara subjetiva” del acción no aspiraba a reivindicar una ideología de muerte y exclusión sino a defender una posición historiográfica altamente controvertida.
Lo segundo que me parece relevante a la hora de evaluar eventuales censuras previas de los denominados “discursos de odio” es su efectiva capacidad de ser actualizados. En este caso me parece que los convocantes no generan ningún llamado a la acción. El malón kitsch del Caupolicán es mucho más una reafirmación retrospectiva que una articulación política en torno a principios autoritarios. En este episodio concreto la delirante fanaticada pinochetista no promovió “continuar la tarea inconclusa”, declaración que razonablemente habríamos tomado como un manifiesto de guerra y que justificaría nuestra intolerancia respecto de los intolerantes.
En tercer lugar, abrigo demasiadas dudas respecto del efecto práctico de utilizar la herramienta penal para sucesos de este tipo. En particular, me genera problemas la pretendida indivisibilidad de los juicios sobre la dictadura. Entiendo perfectamente que para muchos chilenos no hay nada que rescatar ni matizar de un régimen que atentó sistemáticamente contra los derechos básicos de miles de chilenos. Pero, ¿hace apología pinochetista quien elogia el sistema de pensiones instaurado en dicho período? ¿O quien rescata principios jurídicos introducidos en la Constitución del ’80? ¿O acaso es intelectualmente imposible separar la extensa sombra del período de Pinochet de algunos de sus aspectos que pueden merecer un trato diverso? Finalmente, si el valor central a preservar es la vida y la dignidad humana, ¿corresponde igualmente un reproche penal para quienes ensalzan la memoria de quienes atentaron contra miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros? ¿O aquellos crímenes están moralmente justificados por la asimetría de poder, la nobleza del objetivo perseguido o la mirada unilateral de la historia? No está claro quien pueda efectuar estas distinciones y a qué título. No digo que sea imposible, pero anticipemos que no será nada pacifico hacerlas.
En cuarto y último lugar, sigo conscientemente a Stuart Mill a la hora de defender la entrada de opiniones estúpidas, aberrantes o disparatadas al debate público, toda vez que las opiniones correctas adquieren renovado vigor sólo en contraste con el error. De lo contrario las posiciones mayoritarias se convierten en dogmas indisputados que se asientan por tradición y no por peso argumental. En los últimos veinte años hemos presenciado el paulatino declive de la adhesión pinochetista y cada vez que intenta levantar cabeza sale trasquilado. Ocurrió con su detención en Londres –que permitió confrontar posiciones libremente en el debate público con un veredicto lapidario contra el dictador- y ocurre ahora con las expresiones de arrepentimiento de líderes políticos que alguna vez lo apoyaron. Dudo de la inteligencia de la estrategia de proscripción porque les regala la épica de un culto sostenido heroicamente en la clandestinidad. Prefiero que tengan el derecho de exhibirse –dentro de los límites amplios pero no absolutos de la libertad de expresión- siguiendo de esta manera su inexorable derrotero a la irrelevancia.
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Cristian Mancilla Mardel
16-06-2012
Luis Santiago Marín Arrieta
17-06-2012Sobre si tienen o no derecho a expresarse, creo que la Ley no establece excepciones, salvo que atenten contra la integridad de las personas. Pienso que el Derecho de Expresión no es algo que deba discutirse sino defenderse. Constituye, además, uno de los valores fundamentales del Liberalismo.
Cristóbal Bellolio Badiola
18-06-2012
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19-06-2012Cuales son tales "elementos mas que suficientes"?? Y cual es la supuesta "evidencia" que demuestra lo contrario?? Por favor manda un link a algun articulo periodistico serio e imparcial que lo demuestre, o a cualquier otra fuente que no tenga un interes creado en demostrar tal cosa. Tus palabras no me suenan mas que un Pinochetismo disfrazado de defensa de la libertad de expresion
RICARDO ANDRES Vidal Swett
19-06-2012Si Pinochet y la junta amparaban y promovían el asesinato, desaparecimiento y tortura, ¿por qué cerraron la DINA, que había dado pruebas manifiestas de sus efectividad a la hora de deshacerse de opositores?
¿Por qué si lo tribunales de justicia no funcionaban con independencia, y existía una política sistemática de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno militar, habían al año 78 (previo al dictamen de la amnistía) cerca de 500 militares y carabinero siendo procesados o ya efectivamente condenados?
¿Por qué los bandos y dictámenes de la Junta prohibiendo los malos tratos a los prisioneros (lo que incluye, por su puesto la tortura y asesinato)?
¿Por qué se prohibió a la CNI la detención de gente y se pidió la renuncia al General Mendoza?
Eso por el momento.
(Aclaración antes de que empiece la sarta de insultos que en otro post hemos estado viendo. No soy Pinochetista; no tengo ninguna simpatía, sino el más absoluto desprecio por los militares que asesinaron y desaparecieron a compatriotas; encuentro, asimismo, injustificable el exilio y la tortura. No niego, tampoco, las violaciones a los derechos humanos, ni las considero un mal necesario o menor. Sin embargo, sí creo que no hubo una política sistemática de violaciones a los derechos humanos perpetrada y dirigida por Pinochet y la Junta. Y creo que tengo argumentos para defender aquello. Si alguien me demuestra que Pinochet y sus compinches efectivamente se ensuciaron las manos, entonces chao Pinochet y ningún drama...)
Cristian Mancilla Mardel
20-06-2012
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20-06-2012
Cristian Mancilla Mardel
20-06-2012
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21-06-2012
RICARDO ANDRES Vidal Swett
21-06-2012
RICARDO ANDRES Vidal Swett
21-06-2012










