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Las presunciones a favor de la libertad de expresión son fuertes. Ya sea porque reflejan la autonomía individual o porque generan progreso social, pocos discuten su valor en sociedades pluralistas, democráticas y ciertamente liberales. Aun así los mismos liberales consideran que ningún despliegue de libertad es absoluto cuando daña terceras personas. Este ha sido el principio invocado por quienes instaron a la prohibición del polémico homenaje a Pinochet. Daño a los familiares de víctimas de violaciones a los DDHH, daño a la memoria histórica nacional, daño a los valores básicos de la convivencia. Estos tres tipos de perjuicio deben ser sopesados contra la presunción general a favor de la libertad de expresión. Mi convicción es que en este caso particular no son suficientes para amparar la tesis prohibicionista.


 Lo primero que deberíamos observar es el tenor de la convocatoria. Sabemos que la idea era exhibir un documental que resaltaba los aspectos positivos del régimen de Pinochet. Es decir, adoptaba la perspectiva del vaso medio lleno. Los organizadores –hasta donde entiendo- no llamaban a celebrar el terrorismo de Estado. Puedo pecar de ingenuo, pero la “cara subjetiva” del acción no aspiraba a reivindicar una ideología de muerte y exclusión sino a defender una posición historiográfica altamente controvertida.


Lo segundo que me parece relevante a la hora de evaluar eventuales censuras previas de los denominados “discursos de odio” es su efectiva capacidad de ser actualizados. En este caso me parece que los convocantes no generan ningún llamado a la acción. El malón kitsch del Caupolicán es mucho más una reafirmación retrospectiva que una articulación política en torno a principios autoritarios. En este episodio concreto la delirante fanaticada pinochetista no promovió “continuar la tarea inconclusa”, declaración que razonablemente habríamos tomado como un manifiesto de guerra y que justificaría nuestra intolerancia respecto de los intolerantes.


En tercer lugar, abrigo demasiadas dudas respecto del efecto práctico de utilizar la herramienta penal para sucesos de este tipo. En particular, me genera problemas la pretendida indivisibilidad de los juicios sobre la dictadura. Entiendo perfectamente que para muchos chilenos no hay nada que rescatar ni matizar de un régimen que atentó sistemáticamente contra los derechos básicos de miles de chilenos. Pero, ¿hace apología pinochetista quien elogia el sistema de pensiones instaurado en dicho período? ¿O quien rescata principios jurídicos introducidos en la Constitución del ’80? ¿O acaso es intelectualmente imposible separar la extensa sombra del período de Pinochet de algunos de sus aspectos que pueden merecer un trato diverso? Finalmente, si el valor central a preservar es la vida y la dignidad humana, ¿corresponde igualmente un reproche penal para quienes ensalzan la memoria de quienes atentaron contra miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros? ¿O aquellos crímenes están moralmente justificados por la asimetría de poder, la nobleza del objetivo perseguido o la mirada unilateral de la historia? No está claro quien pueda efectuar estas distinciones y a qué título. No digo que sea imposible, pero anticipemos que no será nada pacifico hacerlas.


En cuarto y último lugar, sigo conscientemente a Stuart Mill a la hora de defender la entrada de opiniones estúpidas, aberrantes o disparatadas al debate público, toda vez que las opiniones correctas adquieren renovado vigor sólo en contraste con el error. De lo contrario las posiciones mayoritarias se convierten en dogmas indisputados que se asientan por tradición y no por peso argumental. En los últimos veinte años hemos presenciado el paulatino declive de la adhesión pinochetista y cada vez que intenta levantar cabeza sale trasquilado. Ocurrió con su detención en Londres –que permitió confrontar posiciones libremente en el debate público con un veredicto lapidario contra el dictador- y ocurre ahora con las expresiones de arrepentimiento de líderes políticos que alguna vez lo apoyaron. Dudo de la inteligencia de la estrategia de proscripción porque les regala la épica de un culto sostenido heroicamente en la clandestinidad. Prefiero que tengan el derecho de exhibirse –dentro de los límites amplios pero no absolutos de la libertad de expresión- siguiendo de esta manera su inexorable derrotero a la irrelevancia.

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Comentarios
Cuando dices que "no hay nada que rescatar ni matizar de un régimen que atentó sistemáticamente contra los derechos básicos de miles de chilenos", repites el mantra incuestionable de la izquierda. Esto es peligroso porque hay elementos más que suficientes para creer que el régimen no incurrió en atropellos. Hasta podría decirse que la evidencia apunta en el sentido contrario. Decir que hubo dictadura o que el régimen atropelló los derechos humanos es más un dogma de fe que una verdad objetiva. Y lo verdaderamente peligroso hoy en día es que no se pueda poner en duda ese dogma sin que te arriesgues a recibir no solamente la censura, sino que agresiones.
Estimado Cristobal, lo de la irrelevancia es algo que no puede determinar usted. Puedo compartir su opinión respecto del régimen militar, pero como historiador le tengo que decir que tenga cuidado con emitir juicios que, porteriormente, los hechos pueden desmentir. ¿No fueron "irrelevantes" los balmacedistas luego de la derrota de Concón y Placilla? Recuerdo que en el colegio nos enseñaban que Portales era un crápula y un libertino, es decir, políticamente irrelevante. Son muchos los casos históricos de hechos y personajes "irrelevantes" que luego adquirieron importancia. ¡Vaya uno a saber! Así que, en ese aspecto, prefiero esperar el veredicto de la Historia.
Sobre si tienen o no derecho a expresarse, creo que la Ley no establece excepciones, salvo que atenten contra la integridad de las personas. Pienso que el Derecho de Expresión no es algo que deba discutirse sino defenderse. Constituye, además, uno de los valores fundamentales del Liberalismo.
Gracias a ambos x los comentarios. A Cristián le preciso que está tomando una pregunta por una aseveración. Justamente cuestiono si acaso no hay nada rescatable o posible de matizar. Entiendo que para muchos no sea así, pero yo no soy uno de ellos. A Luis Santiago le concedo el punto. Su uso del término "irrelevancia" es más ajustado que el mío. En el resto no veo discrepancia mayor. saludos!
Invalid User Id 19-06-2012
Cito textualmente a Cristian Mancilla: "hay elementos más que suficientes para creer que el régimen no incurrió en atropellos. Hasta podría decirse que la evidencia apunta en el sentido contrario"

Cuales son tales "elementos mas que suficientes"?? Y cual es la supuesta "evidencia" que demuestra lo contrario?? Por favor manda un link a algun articulo periodistico serio e imparcial que lo demuestre, o a cualquier otra fuente que no tenga un interes creado en demostrar tal cosa. Tus palabras no me suenan mas que un Pinochetismo disfrazado de defensa de la libertad de expresion
Renzo, yo no tengo intereses creados, por lo que pregunto:

Si Pinochet y la junta amparaban y promovían el asesinato, desaparecimiento y tortura, ¿por qué cerraron la DINA, que había dado pruebas manifiestas de sus efectividad a la hora de deshacerse de opositores?
¿Por qué si lo tribunales de justicia no funcionaban con independencia, y existía una política sistemática de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno militar, habían al año 78 (previo al dictamen de la amnistía) cerca de 500 militares y carabinero siendo procesados o ya efectivamente condenados?
¿Por qué los bandos y dictámenes de la Junta prohibiendo los malos tratos a los prisioneros (lo que incluye, por su puesto la tortura y asesinato)?
¿Por qué se prohibió a la CNI la detención de gente y se pidió la renuncia al General Mendoza?
Eso por el momento.

(Aclaración antes de que empiece la sarta de insultos que en otro post hemos estado viendo. No soy Pinochetista; no tengo ninguna simpatía, sino el más absoluto desprecio por los militares que asesinaron y desaparecieron a compatriotas; encuentro, asimismo, injustificable el exilio y la tortura. No niego, tampoco, las violaciones a los derechos humanos, ni las considero un mal necesario o menor. Sin embargo, sí creo que no hubo una política sistemática de violaciones a los derechos humanos perpetrada y dirigida por Pinochet y la Junta. Y creo que tengo argumentos para defender aquello. Si alguien me demuestra que Pinochet y sus compinches efectivamente se ensuciaron las manos, entonces chao Pinochet y ningún drama...)

Ignoro que haya fuentes imparciales. Todas las fuentes primarias están parcializadas y las secundarias se presumen influidas por las primarias, así que no puedo proveer algo que no existe. Las observaciones de Ricardo me parecen muy pertinentes, por cierto, y me hacen preguntarme por qué, si el gobierno militar tuvo (hipotéticamente) una política de atropello de los derechos humanos, no mató más gente y de forma más efectiva (y menos cruenta) que como suele relatarse. De la evidencia que menciono, solamente he podido acceder al Decreto 187 del 28 de enero de 1976, que garantiza los derechos de los detenidos [http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1019202]. Hubo otros textos que no pude acceder ahora, pero remití un mensaje a la Biblioteca del Congreso para que me ayuden a encontrarlos.
Invalid User Id 20-06-2012
Ricardo, primero, Pinochet o la Junta efectivamente "cerraron" la DINA solo para reemplazarla por la CNI, que era mas o menos lo mismo con otro nombre. No recuerdo si en su comienzo la CNI fue dirigida por Manuel Contreras, pero si recuerdo que fue dirigida por Odlanier Mena hasta 1980. Con respecto a los "500 militares y carabinero siendo procesados o ya efectivamente condenados" al año 1978, enlaza a alguna fuente fidedigna donde aparezcan al menos algunos nombres, porque de lo contrario, si das esa cifra solo porque lo escuchaste no se donde, no es mas que un rumor pendiente de ser comprobado. Error flagrante: a Cesar Mendoza no se le "pidio la renuncia" como tu dices, él fue quien le propuso a la Junta renunciar para no comprometer la integridad de Carabineros despues de la investigación por el caso degollados por el juez Jose Canovas Robles el año 1985. Ciertamente no encontraras ningun documento oficial donde aparezca explicitada una "política sistemática de violaciones a los derechos humanos perpetrada y dirigida por Pinochet y la Junta", a diferencia de lo que si comprometio a los nazis juzgados por crimenes de guerra en Nüremberg debido al documento conocido como la "orden de los comisarios" que instruia explicitamente a los soldados nazis a ejecutar prisioneros de guerra sovieticos. No se puede comprobar que haya existido tal politica digitada desde la Junta, lo cual no significa que no se hayan perpetrado los atropellos que se le atribuyen a dicha politica, de lo contrario no se que hacen en la carcel todos los militares que estan actualmente cumpliendo condena. A Cristian, acabas de decir "no puedo proveer algo que no existe", por lo tanto tus afirmaciones de un comienzo o bien son rumores que escuchaste o son lisa y llanamente suposiciones tuyas. En cuanto al Decreto 187 del 28 de enero de 1976, la existencia de dicho decreto implicaria que agentes del Estado no cumplieron con él de forma deliberada.
Cuando digo que "no puedo proveer algo que no existe" me refiero a que no hay fuentes (autores) neutrales, no a que la información relativa los hechos sea inexistente. En cuanto al Decreto, también presumo que pretendía detener ciertas situaciones irregulares, lo cual demuestra el compromiso del gobierno con la defensa de los derechos de las personas detenidas en el caso específico del estado de sitio (al cual se aplica esta norma). Los otros documentos que intento conseguir (un par de resoluciones de enero de 1976 y otra de febrero del mismo año) no están disponibles en la Biblioteca del Congreso, pero me recomendaron buscarlos en el Archivo Nacional. No obstante, dudo de que me esfuerce en hacer esto antes de que vuelva a Santiago.
Invalid User Id 21-06-2012
Ya has dicho claramente que las fuentes de informacion no son imparciales, por lo tanto, la parcialidad de la fuente, en el mejor de los casos, hace dudar de la veracidad de la informacion en cuestion. En el peor de los casos, hasta se podria presumir que lisa y llanamente es mentira, pero como ya dices que todas las fuentes son parciales, basta que venga otra fuente parcial y refute la supuesta informacion y al final se termina en una discusion de quien dice la verdad y quien miente hasta el infinito, lo cual es una completa perdida de tiempo a mi modo de ver. En lo que respecta a los decretos o documentos oficiales, pueden decir todo lo que tu quieras y supuestamente probar un "compromiso", pero vistas todas las condenas a militares que actualmente estan encarcelados, todos tus decretos no serian mas que letra muerta, como tantas leyes en este pais (por ejemplo la ley por la que supuestamente las mujeres no pueden percibir salarios menores que los hombres). Por si no lo sabes, no basta con que solo EXISTA un decreto o una ley, tambien se requiere ENFORCEMENT, o sea asegurarse que se esta cumpliendo con lo que el decreto o ley estipula, lo cual muchas veces no se hace. Ahora si me vas a venir a decir que dichos decretos se cumplieron a cabalidad, entonces te recomendaria que fueras a denunciar tamaña injusticia ante la Corte Suprema ya que ha condenado a tantos militares a cumplir condena por delitos que supuestamente jamas cometieron
Renzo, una aclaración: me equivoqué cuando dije tribunales de justicia, pues debí haber dicho tribunales militares. Aclarado eso, el número de uniformados beneficiados por la amnistía la obtuve de una investigación del profesor de derecho PUC Mario Correa. Sin embargo, comencé de verdad a creerle a esa cifra cuando hace un par de años el mismísimo Abraham Santibañez fue incapaz de rebatírselas a Hermógenes Pérez de Arce en un intercambio epistolar que sostuvieron a través de El Mercurio. De hecho, lo que Santibañez cuestionó no fue el número de uniformados beneficiados (578), sino la de opositores al régimen (1.475).
En cuanto a la DINA, su clausura sí significó un cambio significativo en materia de derechos humanos. Es cosa de ver la disminución sustantiva de muertos, torturados y desaparecidos que se observó luego de su clausura el año 77 (si necesitas el número puedo dártelo después, no lo tengo conmigo a mano). La CNI sólo comenzó a revivir los sangrientos métodos de su antecesora cuando surgió el terrorismo de la mano del FPMR a comienzos de los 80. Ahí fue cuando se le prohibió detener gente. Y en cuanto a la renuncia de Mendoza, independiente de si le pidió o no, demuestra que las violaciones a los DDHH no eran un asunto menor que pasara colado para la junta sin consecuencias de ninguna clase. Slds!